Por parte de Almacenes Pumarín se cobraron 36.985 euros por la adecuación de espacios del IES Doña Jimena de Gijón y 11.744 por adaptación de espacios en el Instituto de Infiesto. Y por parte de Igrafo, siempre según el juez, se cobraron 25.000 euros por el cambio de ventanas del Instituto Rey Pelayo de Cangas de Onís; 57.960 euros por ventanas del Instituto de Infiesto en 2009 y 92.057 euros por adecuación de espacios en el Instituto de Infiesto.
El juez apunta como una de las responsables de estos pagos ficticios a Gloria González Baschwitz, una de las últimas imputadas, jefa de la oficina técnica de la Consejería y «por lo tanto responsable de dichas obras, y su firma obra en varios de los documentos relativos a tales obras, o al menos hay firmas que se supone son suyas». En cualquier caso, «por su cargo no podía ignorar que tales obras se habían pagado pese a no haberse hecho».
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